Se archivaron las causas contra el pastor y ex senador Hector Bonarrico

En Mendoza, las Fiscalías de Delitos Económicos que investigaron las denuncias penales por el Convenio de Colaboración por el que el Gobierno de Mendoza se comprometía a pagarle $18 millones a la fundación del pastor, consideraron que no hubo delito.

Los fiscales Hernán Ríos y Flavio D’Amore archivaron el expediente P-55017/22 por el que, a partir de una denuncia del Partido Justicialista -a la que se sumó una del Partido Verde- se investigó el Convenio de Colaboración firmado entre el pastor Héctor Bonarrico, ex legislador de Cambia Mendoza, y el ministro de Gobierno Víctor Ibañez «por no constituir delito alguno los hechos denunciados».

Asimismo se archivó la causa que inició el propio Gobierno por averiguación de delito llevada a cabo por la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi. Al respecto, en ambos expedientes destaca que los hechos no se encuentran configurados en norma penal alguna, por lo que no hubo imputaciones en las causas.

Cabe recordar que en el convenio denunciado que se firmó en febrero del 2022, el gobierno mendocino se comprometía a abonarle a la Fundación Acción Social de Héctor Bonarrico $9 millones por año (dos años en principio) para la realización de diferentes acciones sociales. Tras unas declaraciones radiales en donde el pastor se refería a que ese convenio fue parte de un acuerdo político entre MasFe y la UCR para las elecciones 2021, el gobernador Rodolfo Suarez le dio de baja por decreto, el mismo, quedó sin efecto.

Los doctores Hernán Ríos, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 15, y Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7, ambas de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, dispusieron el archivo de las actuaciones “por no constituir delito alguno los hechos denunciados”, según las pruebas que recabaron durante casi cinco meses de investigación hasta el momento.

En este sentido el fallo reza: «El hecho denunciado no se encuentra así configurado en norma penal alguna, en razón de no concurrir los elementos objetivos de injusto penal alguno, corresponde por lo tanto disponer el ARCHIVO de la misma».

En este expediente se analizaron las denuncias presentadas tanto por Anabel Fernández Sagasti, en representación del Partido Justicialista, como de Marcelo Martín Romano, Mario Vadillo, Emanuel Fugazzotto, Ricardo García y Dugar Chappel en contra de Víctor Ibañez Rosaz, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza; y Héctor Bonarrico y Eduardo Erario, presidente y tesorero de la Fundación Acción Social.

Los fiscales consideraron que el procedimiento administrativo del Convenio de Colaboración suscripto el 22 de febrero de 2022 “transitó cada uno de los estadios exigidos por las normas y que el objeto del mismo es parte de las competencias del Ministerio de Gobierno”.

Sin embargo, ese convenio fue dejado sin efecto por un decreto que el gobernador Suarez al que suscribió luego de que el propio Bonarrico dijera en los medios que “el dinero para la fundación fue parte del acuerdo que MasFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas».

En tanto que, “respecto de cada uno de los tipos delictivos denunciados se halló la inexistencia de la tipicidad exigida por el Código Penal para la configuración de los mismos” alegaron los fiscales.

Sobre el Delito de Asociación Ilícita señalaron: “En el presente caso no se cumple con ninguno de los presupuestos objetivos del delito previsto en el art. 210 del CP, ya que se denuncia un único hecho aislado, esto es un supuesto acuerdo espurio, que se concreta en el Contrato de Colaboración y su posterior aprobación por Decreto del Poder Ejecutivo, por lo cual las conductas denunciadas resultan atípicas en relación a este delito».

En cuanto al Delito de Enriquecimiento Ilícito explicitaron: “dado que no se efectivizó la entrega de dinero alguno, no resulta viable un incremento patrimonial no justificado por parte de los funcionarios en razón del convenio. Y en el caso de Bonarrico y Erario, el delito se descarta además porque no revisten la calidad de funcionarios públicos”.

Sobre Delito de Malversación de caudales públicos: «sólo puede ser autor quien es funcionario público. La partida presupuestaria que se comprometió para financiar el Convenio de Colaboración aludido no tenía un destino específico establecido por ley, reglamento u orden administrativa, sino que por el contrario era una partida de refuerzo del presupuesto y por ende de libre disposición para la administración».

En cuanto a los Delitos de Cohecho y Tráfico de Influencias, el fallo establece: «No surge sospecha alguna de que los denunciados hubieren recibido ya sea dinero o alguna otra dádiva, entendiendo ésta como algún objeto material, a los fines de realizar el Convenio de Colaboración».

En cuanto a los Delitos de Exacciones Ilegales y Concusión expresa: «Puede descartarse conforme lo analizado precedentemente la adecuación típica del hecho denunciado a estos delitos, en razón de que no ha existido exigencia ilegítima alguna por parte de los funcionarios públicos denunciados».

En el caso del Delito de Negociaciones Incompatibles, las Fiscalías descartan que “se haya otorgado un subsidio sino que el acto que se celebró fue un contrato de colaboración con obligaciones recíprocas, un objetivo determinado».

Y en torno a las declaraciones radiales de Bonarrico, remarcan: «Con independencia de los dichos vertidos por el representante de MASFE, y encontrándonos en la esfera de actos discrecionales, no se puede establecer hasta el momento que las motivaciones del acuerdo no hayan sido el cumplimiento de los objetivos plasmados en el cuerpo del mismo».

«Los denunciantes aluden que la declaración radial del pastor, resulta determinante a los fines de incriminarlo en el delito denunciado, en la cual el mismo habría reconocido en un primer momento que la razón del Convenio fue parte de un acuerdo político. Lo cierto es que luego Bonarrico, en oportunidad de prestar declaración informativa, expresó que la senadora Fernández Sagasti tergiversó sus dichos, expresando Bonarrico que ello (el acuerdo político) es absolutamente falso» agregaron.

Sobre aquellas declaraciones radiales, los denunciantes afirmaron que el ex senador reconoció que “la entrega de dinero que iba a efectuar la Provincia a favor de su fundación se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con Cambia Mendoza por el cierre de candidaturas de las últimas elecciones (en las que MASFE no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el senado)».

Sin embargo, lo que Bonarrico expresó es “que el dinero para la fundación fue parte del acuerdo que MasFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas».